Los atentados del 11-M han provocado una profunda y dolorosa fisura en la convivencia nacional, que en las últimas semanas se ha ido ahondando con supuestas informaciones solventes y un cúmulo de sospechas y afirmaciones infundadas. Pareciera que existe un propósito deliberado de sabotear la labor de la instrucción judicial, desacreditar a los agentes policiales que han intervenido en ella y deslegitimar la muy próxima resolución del juez que, casi con seguridad, procederá al procesamiento de más de una treintena de personas, tres de las cuales estarían consideradas como autores materiales de la matanza del 11-M. La consecuencia de esta endemoniada espiral no sería otra que la deslegitimación del resultado de las elecciones generales celebradas tres días después de la masacre y en un clima de máxima crispación, la demostración de que el sistema judicial no es capaz de depurar responsabilidades y la probabilidad de que una parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantuvieran connivencias inconfesables y propósitos antidemocráticos. La decisión de levantar parcialmente el secreto del sumario y las comunicaciones públicas de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de la Dirección General de la Policía arroja luz sobre un juicio paralelo extraordinariamente frívolo e irresponsable. Y lo más importante: esta transparencia permite que desde estas páginas podamos reiterar -y así lo hacemos- la legitimidad de los resultados de las últimas elecciones generales -celebradas tras una supuesta «jornada de reflexión» en la que objetivamente acontecimientos muy graves condicionaron el desarrollo de la consulta electoral-, la confianza en el Poder Judicial y el apoyo a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Podría parecer que estas declaraciones son, por obvias, innecesarias. No es así. Es preciso, justamente cuando se ponen en cuestión distintas instancias del Estado, insistir en su plena legitimidad y reclamar de todos la solidaridad con los mecanismos del sistema democrático -judiciales, policiales, gubernativos, representativos- no sólo para hacer justicia, sino también para amparar todos los intereses sociales, bajo el principio de legalidad. De la misma manera, cabría pedir a quienes apresuradamente han dado por cerrado el 11-M -fiscal general del Estado y destacados miembros del Gobierno- que no ejerzan con sus comentarios presión añadida sobre los jueces encargados del caso.

Las graves acusaciones que se han formulado en las últimas semanas, en especial a determinados sectores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se remiten a un momento temporal en el que gobernaba el PP. Fue bajo su mandato cuando se planificaron y perpetraron los atentados terroristas y bajo su Gobierno cuando se produjeron detenciones y acumulación de pruebas a la postre definitivas para el buen fin del sumario que se instruye. Y ese comportamiento forma parte de su patrimonio democrático. Resulta paradójico, por eso, que desde algunos sectores del primer partido de la oposición no se observen también desde esa perspectiva los acontecimientos producidos en torno a la investigación judicial del 11-M. En aquella fecha, 192 vidas quedaron segadas. Sería un perverso efecto diferido que, a propósito de su esclarecimiento judicial, algunos pretendan deslegitimar el Estado contra el que también atentaron los terroristas.